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Comunicado # 11

EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO INSURGENTE


Al pueblo en general:


Es preocupante el panorama actual de nuestro estado. Por un lado se ha desatado una espiral de violencia producto de la disputa por la plaza entre bandas del narcotráfico, y por otro, la postura del gobierno de Zeferino Torreblanca de criminalizar la lucha social con el objetivo de llevar adelante los proyectos económicos del gran capital dentro del marco del Plan Puebla-Panamá.

La violencia que se ha desatado entre las bandas del narcotráfico en nuestro estado es producto del reacomodo entre grupos de poder económico y político. Y parte de una estrategia de la administración de Vicente Fox diseñada por el gobierno de Estados Unidos con el fin de militarizar aún más la vida política del país, fortaleciendo el aparato policiaco-militar para mantener el control social. El poder del que actualmente hacen gala los capos del narcotráfico no se construyó de la noche a la mañana. Puesto que la colusión de intereses entre políticos, caciques, militares y las policías de diferentes niveles (que hoy se hace más evidente) ha sido pilar fundamental para la estabilidad del régimen y el principal obstáculo que han enfrentado los movimientos sociales en la lucha por cambiar las condiciones injustas en que vivimos los guerrerenses.

Es mentira el argumento de defensores oficiosos de Zeferino Torreblanca cuando dicen que la violencia entre las mafias se debe a que el actual gobernador no se ha prestado a negociar con los jefes del narcotráfico. Al contrario, el gobierno del estado no se encuentra al margen sino que forma parte del problema al haber tomado partido por un bando específico del conflicto. Acaso sin la protección del gobierno del cambio los capos del narcotráfico vivirían sin preocupaciones en exclusivos fraccionamientos de Acapulco.

La propuesta de los empresarios y del gobierno de la alternancia de pedir la aplicación del programa México Seguro, contempla violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos y la militarización de la vida de las comunidades y pueblos de Guerrero. Y no constituye una opción tendiente a inhibir la siembra, transporte, procesamiento, venta y consumo de estupefacientes, ni va a terminar con la ola de ejecuciones entre las mafias. Precisamente por la participación del aparato político, militar y policiaco en la protección y lavado de dinero del narcotráfico.

Para nosotros está claro que el programa México Seguro tiene un carácter contrainsurgente, diseñado por el Gobierno de EU con el objetivo de combatir al pueblo organizado y a sus organizaciones. Y para que el narco -gobierno mantenga el control de la sociedad en general para asegurar la explotación de los recursos naturales dentro de su proyecto llamado Plan Puebla-Panamá y para continuar con la privatización de los recursos energéticos del país.

La aplicación concreta de éste programa traerá consigo la violación a los derechos humanos, tortura, desaparición forzada de personas, encarcelamiento y asesinatos so pretexto de combatir al narcotráfico. En fin, está en proceso una nueva guerra sucia del gobierno contra nuestro pueblo, ante esto no nos vamos a quedar con los brazos cruzados.

En otro renglón, podemos decir que la realidad nos da la razón acerca de nuestros pronósticos sobre el gobierno del socialdemócrata Zeferino Torreblanca. Dado que aún antes de la jornada electoral del 6 de febrero próximo pasado, argumentamos que Zeferino daría continuidad al proyecto de la derecha y que solo habría una alternancia sin alternativa. De este modo el gobierno de Zeferino está empeñado en sacar adelante el proyecto de la presa La Parota aún en contra de la opinión de los comuneros. Y solo la movilización popular va a detener este despojo legal que pretenden efectuar los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) en connivencia con los empresarios y algunos seudo líderes.

El gobierno de Zeferino se caracteriza por la simulación, el engaño, el uso y abuso del aparato policíaco-militar en contra de los intereses de los guerrerenses. Prueba de ello son los hechos de represión a los comuneros opositores al proyecto de La Parota del pasado domingo 14 de agosto. Donde autoridades que se dicen de izquierda pretendían burlarse de los ciudadanos a los que supuestamente representan, pasando por encima del respeto a la soberanía de los pueblos, desconociendo el legítimo derecho de los ciudadanos a decidir sobre su territorio y sus vidas.

A los ciudadanos opositores les queremos decir que cuentan con nuestra solidaridad y que con su actitud digna nos han dado una lección a los guerrerenses y que seguramente los gobiernos, municipal, estatal y federal utilizarán todos los recursos necesarios para consumar esta infamia. Desde el uso de recursos jurídicos legales, como son órdenes de aprehensión, la intimidación, la amenaza, el encarcelamiento, el asesinato para intentar pisotear los legítimos derechos de los pueblos afectados.

Por lo anterior, hacemos un llamado a las organizaciones insurgentes, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de derechos humanos y al pueblo en general: a sumarse a la lucha de nuestros hermanos comuneros opositores a la construcción de la presa La Parota, para expresar nuestro repudio en contra del Plan Puebla-Panamá. Para construir un espacio de confluencia de la izquierda, en la defensa de los derechos humanos, y de la tierra y para defensa de la soberanía popular. Estamos ante un Estado que con el pretexto del combate al narcotráfico quiere llevarnos al fascismo. A detener esta intentona de la derecha amarilla.

CON EL PODER POPULAR, EL PUEBLO UNIDO VENCERA

Comité estatal de Guerrero
18 de agosto de 2005

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