ERPI

INTRODUCCION

 

 

 

 

(La Jornada El Sur, 7 de junio 2000)

  • Informa a familiares que es competencia estatal
Niega la CNDH atención a la queja de los erpistas, Jacobo Silva y Gloria Arenas
  • La Comisión Nacional sólo tomó en cuenta la versión oficial que señala que fueron policías judiciales del estado los que detuvieron en Chilpancingo al comandante Antonio y la coronel Aurora, y no la PFP, el Ejército o la PGR en la ciudad de México y San Luis Potosí, como coinciden diversos testimonios y declaraciones presentadas en el Juzgado y publicadas en los medios
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se declaró incompetente para atender las quejas por tortura que presentaron los dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el comandante Antonio, Jacobo Silva Nogales y la coronel Aurora, Gloria Arenas Agís, el 15 de diciembre pasado.
 
El segundo visitador del organismo, Román Vázquez Díaz, manifestó que el caso no es competencia de la Comisión Naconal, y que tenía que verlo la estatal Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, porque las autoridades señaladas en la queja como responsables de las torturas, la Policía Federal Preventiva, el Ejército y la Procuraduría General de la República, contestaron a un requerimiento que no tuvieron participación en los hechos, y que la detención de los dos dirigentes del ERPI fue hecha por la Policía Judicial del Estado.
 
La hermana del comandante Antonio, Elizabeth Silva Nogales, informó que acudió a la Segunda Visitaduría de la CNDH, donde los familiares presentaron la queja, para preguntar si había resultado. Dijo que Vázquez Díaz, de manera verbal, le dio la respuesta negativa.
 
Elizabeth Silva cuestionó la determinación de la CNDH que le hizo saber el funcionario, porque no tomó en cuenta las declaraciones de los dirigentes, las evidencias publicadas en los medios y la información proporcionada por testigos, que coinciden en que el comandante Antonio y la coronel Aurora no fueron detenidos, como dice la versión oficial, por agentes de la Policía Judicial del Estado en Chilpancingo el 22 de octubre de 1999, en una supuesta casa de seguridad del ERPI, que en realidad es el domicilio de los también detenidos Fernando Gatica Chino y Felícitas Padilla Nava.
 
Los testimonios que desmienten la versión oficial coinciden en que el comandante Antonio fue detenido el 19 de octubre en la ciudad de México, en un café chino, por agentes de la Policía Federal Preventiva y de la Procuraduría General de la República, y torturado durante cinco días con intervención de militares. En tanto, Gloria Arenas fue detenida en su domicilio en San Luis Potosí, el 22 de octubre, con un despliegue inusitado de efectivos del Ejército y de policías judiciales federales, y torturada hasta antes de ser presentada en el penal de Almoloya de Juárez, el 24 de octubre, con los otros tres detenidos.

 

Declaraciones en el Juzgado
 
El pasado 6 de abril, ante el juez primero de distrito en materia de procesos penales federales del estado de México, que tomó posesión del cargo el 3 de marzo, Casimiro Barrón Torres, el comandante Antonio, en una ampliación de su declaración, se refirió a los responsables de su detención ilegal y tortura.
 
Declaró: "... se ha violentado la ley en diferentes momentos de mi caso. Durante mi captura porque no se me presentó alguna orden de aprehensión, ninguna autoridad se identificó como tal, ni fui presentado ante la autoridad competente en los términos que marca la ley, por lo que puedo decir que fui víctima de un secuestro por parte de integrantes de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de la Defensa Nacional a cuyas dependencias y titulares responsabilizo de ello.
 
"Durante mi secuestro fui torturado por miembros de la Secretaría de Gobernación y del Ejército federal, por lo que también los responsabilizo de los tormentos de que fui objeto.
 
"Durante los procesos que se me siguen porque se sigue dando validez a declaraciones falsas pese a los testimonios periodísticos de que mi detención ocurrió en momento, lugar y circunstancias diferentes a las que señalan esas declaraciones y porque se ha hecho caso omiso de las huellas de tortura que presentaba al momento de rendir mi declaración preparatoria, después de ser presentado".
 
En la misma fecha, la coronel Aurora también amplió su declaración. Dijo: "Fui detenida el 22 de octubre alrededor de las 10 de la mañana en mi domicilio que se encuentra en la ciudad de San Luis Potosí, en la colonia Balcones del Valle, calle Fuente de Diana número 224, que no me di cuenta de nada hasta que escuché los disparos, entonces quise asomarme a la ventana pero más disparos hicieron que me tirara al suelo, inmediatamente los hombres que me detuvieron ya estaban dentro de la casa, iban vestidos de negro completamente, incluyendo un pasamontañas con el que se cubrían la cara".
 
De acuerdo con lo dicho por el visitador de la CNDH Vázquez Díaz a Elizabeth Silva Nogales, la CNDH no tomó en cuenta informaciones diversas a la versión que dieron a conocer desde el inicio la Policía Federal Preventiva y la Procuraduría General de Justicia del Estado, que dicen que fueron policías judiciales de Guerrero quienes ejecutaron las detenciones.
 
Desde el día de los hechos, el diario La Jornada San Luis publicó información sobre la operación de corporaciones policiacas federales y el Ejército en esa ciudad, que con el seguimiento de la información sio cuenta de que el inusitado movimiento de efectivos en esa ciudad fue para detener a la dirigente del ERPI.
 
En tanto, en diversos diarios de la ciudad de México se publicaron declaraciones de testigos sobre la detención del comandante Antonio por efectivos de la Policía Federal Preventiva.

 

 

 

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